Sigue incertidumbre por decretos de Emergencia Social
A punto de completarse dos semanas de polémica nacional a causa de los decretos ley de Emergencia Social, el Gobierno, en cabeza del presidente Álvaro Uribe, mantiene su defensa de la reforma hecha al sistema de salud por esta vía, pero ha reconocido que es necesario hacer precisiones.
De acuerdo con el Presidente, dichos ajustes se harán durante un proceso de reglamentación concertada de tales decretos. Algunos aspectos de los mismos, sin embargo, no podrían arreglarse por esta vía, de modo que el mandatario sugirió la posibilidad de que se recurra al Congreso.
Pese a que ya hay acercamientos con los actores interesados, particularmente con los médicos, persiste la incertidumbre sobre hasta qué punto pueden enmendarse disposiciones de estos decretos ley, con esta herramienta.
Abogados y constitucionalistas sostienen que no es posible hacerles modificaciones sustanciales por esta vía: “Los decretos reglamentarios, que son normas de inferior jerarquía, no pueden corregir aspectos fundamentales o sustanciales de normas superiores, que en este caso son los decretos de la Emergencia Social (…) Eso sólo puede hacerse con otra norma similar”, explicó el ex magistrado Jaime Córdoba Triviño. Los siguientes son algunos de los aspectos de la reforma que más generan polémica.
Autonomía médica y multas
Los decretos ley imponen multas y sanciones a aquellos profesionales que receten por fuera de los estándares sobre los que se defina el nuevo plan de salud (POS).
El presidente Uribe se comprometió con el gremio médico a que esto no ocurrirá y que se respetará la capacidad que tienen para formular a sus pacientes lo que necesiten. Aseguró que en la reglamentación se harán las precisiones necesarias para evitar que se afecte la autonomía médica.
Dijo, así mismo, que dichos estándares o guías (que serán construidos por los mismos médicos) sólo serán una referencia para el actuar de los profesionales. De ellos podrán salirse siempre que lo justifiquen en beneficio del enfermo.
Las multas y sanciones seguirán en manos del Tribunal de Ética Médica. Los médicos se declararon expectantes ante lo prometido y formarán parte de un equipo de trabajo que colaborará en la redacción de los decretos reglamentarios. Para ellos queda claro, sin embargo, que algunos aspectos no podrán cambiarse por esta vía.
Es posible que se requiera el trámite de una ley en el Congreso para hacer esas enmiendas.
Contenido del POS: qué quedará por fuera
Artículos de algunos decretos expedidos permiten interpretar que el plan de salud de los colombianos será nivelado por lo bajo (dada la escasez de los recursos), lo que generó el temor de muchos servicios de mediana y alta complejidad sean excluidos.
El Presidente ha sido enfático en decir que no habrá recortes de servicios, que los planes de beneficios del contributivo y del subsidiado se mantendrán y que éstos serán revisados para mejorar.
Esto no tranquiliza del todo a afiliados y pacientes (sobre todo a los afectados por males de alto costo). Aseguran que los decretos permiten interpretar que sí habrá recortes, algo que no podrá subsanarse, con facilidad, por la vía reglamentaria. Por eso insisten en la derogatoria de los decretos.
Pago de los servicios no POS
Los decretos dejan sentado que el costo de los servicios que queden excluidos del plan de salud (que en adelante se conocerán como prestaciones excepcionales en salud) deberá ser asumido, parcial o totalmente, por los pacientes según su capacidad económica.
Con el fin de darles liquidez para costear tales tratamientos, se abre la posibilidad de que usen las cesantías, los ahorros pensionales y préstamos bancarios. El Gobierno ha insistido en que, una vez definido el POS, lo que quede por fuera será mínimo y que en todo caso tales prestaciones, en el caso de personas sin capacidad de pago, serán cubiertas por el Fonprés, un fondo creado con ese fin.
Aunque el Presidente ha dicho que los cobros sólo se harán a personas con capacidad de pago y las cesantías y ahorros pensionales deben protegerse, la gente no tiene claridad sobre este punto, que ha causado indignación.
La salud financiera de los hospitales
Voceros de los hospitales públicos del país insisten en que los decretos imponen una serie de exigencias financieras que amenazan su equilibrio económico. Las nuevas normas limitan la contratación que las EPS deben hacer con ellos al 60 por ciento (contrario a lo señalado por la ley antes, que era del 70 por ciento).
Aseguran, además, que dichas evaluaciones los dejan de inmediato en una calificación de alto riesgo, ad portas de la liquidación o la privatización. El Presidente dijo que esto también puede corregirse mediante decretos reglamentarios, previo estudio de cada caso.
Otros puntos
Los procesos de conciliación con las EPS (las deudas que el Fosyga tiene con las aseguradoras) y la liquidación de contratos de prestación de servicios en los entes territoriales, entre otros temas que han generado controversia, serán revisados a diario, de acuerdo con el presidente Uribe, dentro de los procesos de reglamentación, por equipos integrados por miembros del Gobierno y actores del sector.
Fuente: El tiempo
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